EL CONVENIO CON LAS ENTIDADES EXIGE QUE LOS PRÉSTAMOS INCLUYAN EL LOGO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA // LOS BANCOS SERÁN QUIENES DECIDAN SI CONCEDEN O NO LA FINANCIACIÓN.

El Gobierno ha colocado los problemas de acceso a la vivienda en el centro de la diana. Para aliviar su situación, prepara medidas que aumenten la oferta. Uno de los anuncios estrella es la línea de 2.500 millones en avales públicos para que jóvenes y familias con menores puedan conseguir una hipoteca.

Esta medida ya fue aprobada en Consejo de Ministros pero está a la espera de que se firmen los convenios con los bancos. Los ciudadanos que accedan al aval podrán solicitar una hipoteca superior al 80% y hasta el 100% del valor de tasación del inmueble gracias a la garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Entre los requisitos a cumplir se encuentra un importe máximo de adquisición de la vivienda, una cifra que variará por comunidades. Madrid tendrá el precio tope más alto (325.000 euros) y Extremadura la cuantía más baja (200.000 euros), según un borrador del convenio al que ha tenido acceso este periódico.

En el documento aparece el valor máximo de cada autonomía.

En un segundo escalón quedan Cataluña, País Vasco y Navarra (hasta 300.000 euros), seguidas de Baleares y Aragón (275.000 euros). Por la zona baja, Andalucía, con un valor tope de 225.000 euros, es la segunda con una cuantía más baja. En la práctica, el Estado avalará un 20% de hasta estas cifras como máximo –el 25% si la casa tiene altas prestaciones energéticas (calificación D o superior)–.

En el texto se incluye toda la letra pequeña de estos, aunque todavía se trata de un borrador expuesto a cambios. De hecho, hay algunos escollos técnicos entre el ICO y los bancos, por ejemplo, en la parte del impacto que pueda tener sobre sus cuentas, aunque fuentes financieras aseguran que habrá acuerdo.

Entre los detalles se encuentra que estas operaciones se suscribirán en un único contrato de préstamo hipotecario (no en dos, uno por el 80% que otorga la banca como máximo habitualmente y otro por el 20% restante, como se había valorado). El convenio con las entidades, además, exige que los préstamos incorporen el logo del Gobierno de España y del Ministerio de Vivienda.

Sobre el valor máximo del contrato, en el borrador se indica que no podrá superar la cifra más baja entre el valor de tasación o el precio de adquisición. Y estos avales solo se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque el Gobierno ya ha fijado la posibilidad de prorrogarlo por otros dos años. Por otra parte, el Ejecutivo y el ICO dejan a la banca como responsable del estudio de riesgo de los clientes.

FUENTE: CINCO DÍAS